Las actividades en el sector construcción se reiniciaron, sin embargo, su reactivación será lenta y proporcional, teniendo en cuenta que aún existe el peligro de la pandemia. El Ing. Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, analizó algunas de las medidas que podrán agilizar el desarrollo de la industria.

Revista Constructivo (RC): Después de casi tres meses de confinamiento algunas obras ya reactivaron sus labores ¿cómo evalúa la puesta en marcha del sector en esta etapa de “nueva normalidad”?

Guido Valdivia (GV): Hay una apertura dispuesta por el Gobierno, inicialmente no incluyó a toda la construcción y todos sus actores, pero se dio un comienzo importante. Hay dos etapas para este proceso: una ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y otra ante el Ministerio de Salud, esa doble revisión estaba implícita en la norma –no estaba regulada–, por ello la demora. Ambas carteras no definieron los términos de referencia de los planes de prevención, vigilancia y control del Covid-19, solo definieron una estructura. Sin embargo, hay entidades dentro del Estado que tienen más carga que otras, como el Ministerio de la Producción (Produce), cartera donde tenemos que presentar los planes Covid-19 de los proveedores de materiales. Nosotros, como gremio, habíamos sugerido la alternativa que estos planes sean supervisados y aprobados por entidades certificadoras privadas que certifiquen la calidad de los procesos. Al igual que con las certificaciones ISO se tiene mayor rigurosidad a la que se plantea ahora.

(RC): ¿Además de la acción de las entidades certificadoras, para agilizar la supervisión y aprobación de los permisos podría establecerse una entidad que actúe como “ventanilla única”?

(GV): El problema es que habría mucha concentración de permisos al igual que en Produce. No existe una preparación del Estado para recibir tal cantidad de expedientes y procesarlos rápidamente. Lo más lógico era “abrir más bocas” que permitan, luego, juntar el plan revisado y aprobado por una entidad certificadora y supervisora para que la aprobación del sector sea automática, es decir, se presentan con el material aprobado y al día siguiente inician la obra. Las obras se deben adecuar al Plan Covid presentado, por ello existen muchas obras que no inician su ejecución. Además, hay restricciones a la cantidad de gente que trabaja, procedimientos que obligan una mejor preparación en la obra. Esto hará que cuando se empiece a trabajar el ritmo laboral no sea el más adecuado. En el sector público se estableció una norma que establece la obligación que las entidades acepten un incremento en los presupuestos de obras, en razón de la paralización de las mismas, luego entre los costos de implementación de medidas de prevención y control se reconocerá el costo de la menor velocidad de trabajo como consecuencia de los planes covid. El Estado pueda reconocer estos mayores gastos. En tanto, en el caso de la obra privada, queda a cargo de una negociación privada, sin embargo, la Cámara Peruana de la Construcción ha considerado que cuando se trata de obras en vivienda social, estén sujetas a precios fijos y subsidios. Sería indispensable considerar un incremento temporal de los subsidios y precios de venta para poder reconocer esta inversión.

(RC): Esta pandemia está afectando a todas las industrias a nivel global. ¿Cuál es el impacto en el sector construcción local?

GV: El sector construcción es el más afectado. Las previsiones nos llevan a una caída de 30% de la producción este año. Solo en el mes de marzo fue de 46%, casi el triple de lo que cayó la economía. La obra pública también cayó 33% y el consumo de cemento cae más de 50% en el mismo periodo. Es un escenario complicado, que nos coge en un momento en el que la obra pública venia cayendo desde hacía cinco años atrás. Nuestro diagnóstico es que los cambios que se pueden incrementar no deberán ser dramáticos, de lo contrario se creará una curva de aprendizaje que complicará su ejecución. El gremio postuló para que se aceleren los procesos de desembolso por parte del Estado en la obra pública; pedimos que se duplicará el adelanto que dan las entidades públicas a los contratistas, sea en efectivo y en materiales. Hasta hace poco se podía solicitar 20% en efectivo y 20% en materiales. Ahora pedimos que se duplique, ello generaría liquidez a las empresas. De igual manera, queremos que Estado pague todas las deudas que tiene respecto a arbitrajes concluidos, inclusive, procesos judiciales que habían concluido en un fallo consentido a favor del contratista. Una suma que se aproxima a los S/ 3.000 millones. Para nosotros esta medida es más efectiva que generar cambios en la normativa, podrán tener relevancia luego de la pandemia. En este momento cambiar las reglas generará un retraso mayor. Una tercera medida planteada es intervenir a través de COFIDE en el otorgamiento de fideicomisos como apoyo a grandes proyectos, sobre el total de la obra. El Estado debe entregar garantías complementarias para que las instituciones financieras puedan reducir su percepción de riesgo financiera de la contratación pública y facilitar la entrega de fianzas.

RC: ¿Existe una mesa de diálogo entre autoridades y el gremio que permita hacer una planificación?

GV: Lamentablemente el diálogo no es institucionalizado. No obstante, hay que reconocer que el gobierno escucha a pesar que no tenemos diálogos institucionalizados o mesas de trabajo. En 2016 hicimos un periodo conjunto para armar un consejo consultivo y después de mucho diálogo se logró uno en el sector Vivienda; sin embargo, hubo una dificultad operativa, tampoco hubo un mandato claro y después de un periodo de dos años no se volvió a renovar. En 2019 se reactivó este comité pero, paradójicamente, se cerró la interlocución iniciada la pandemia, justo cuando más se necesitaba. Para nosotros la solución es que se haga obligatorio, no facultativo, que los sectores o comisiones consultivas tengan un comité independiente. Lo importante de estas comisiones es que se les otorguen recursos e instrumentos para que puedan desarrollar estudios y generar una evaluación más amplia de la ejecución de un programa o política pública.

RC: La Cámara Peruana de la Construcción puede liderar este empuje en la creación de una mesa formal y armar un plan urgente que requiere la industria de la construcción en el país.

GV: Esa es nuestra lucha permanente. Queremos ir más allá. En nuestra puesta de agenda legislativa hemos incluido que se implique la modificación de la Ley Orgánica del poder ejecutivo y la constitución de consejos consultivos en los sectores y entidades públicas autónomas y con una en específico que les permita cumplir con su tarea. Tiene que haber, además, una decisión del Estado sobre este diálogo que no es infructuoso, más bien, permite una mejora de las normas porque se discuten desde el inicio.

RC: ¿Qué lecciones se pueden aprender en este tiempo de paralización en las acciones a tomar en el sector construcción?

GV: En la segunda mitad del año, tanto en obra pública como en inversión privada, se deberá ser bastante agresivos y dinámicos, pero también sensatos para entender que los grandes cambios no se pueden implementar ahora cuando afrontamos una pandemia, si nos aferramos a eso nada va a cambiar. No podemos seguir con ciudades que sean disfuncionales, tenemos que hacer una inversión fuerte para que las ciudades funcionen. Lima es una realidad distinta, hace falta un rediseño de la organización, postulamos que la planificación y la gestión de los grandes sistemas de la ciudad de Lima no deben estar en manos solo de la Municipalidad de Lima. La planificación urbana de Lima, por ejemplo, no puede funcionar si no se organiza en conjunto con la del Callao, porque la norma sostiene que cuando dos ciudades están juntas se debe hacer un solo plan. Se está construyendo el gran Puerto de Chancay, este sin duda va a repercutir su llegada hasta Lima. Por otro lado, la Autoridad de la Costa Verde es ahora manejada por los distritos, sin embargo, hay una ley que quiere darle esa responsabilidad a la Municipalidad de Lima, pero el Callao también es parte de la vía hacia la Costa Verde. Gestionar la capital de la República tendría que implicar un nuevo modelo de organización que sostenga a las cinco provincias que ya forman parte de la capital y del Gobierno Central.

Fuente: Revista CONSTRUCTIVO (Año 22, Edición 143, junio-julio 2020)