Luis Felipe Quirós, Presidente del Gremio de Construcción de la Cámara de Comercio de Lima
El 2020 ha sido uno de los años más complicados para el sector construcción. Recordemos que el 2019 fue particularmente difícil, pues las metas de inversión pública no se habían cumplido y por lo tanto se esperaba un mejor de inversión para este año, sin embargo, el estado de emergencia, como resultado de la pandemia, se declaró a inicios del año, solo a dos semanas de acabar el primer trimestre. Esta situación determinó la paralización total del sector, generando mayor incertidumbre sobre los resultados del año.
La reactivación se ha dado de manera paulatina, esto en la medida que las empresas ponían en marcha sus protocolos sanitarios. En general se ha evidenciado profesionalismo y preocupación (en el sector formal). Ha sido un reto establecer procedimientos y mecanismos para un pronto, pero sobre todo seguro, retorno a las labores.
Es importante recalcar que el sector construcción tiene ya muchos años de experiencia en temas de seguridad y salud ocupacional, esta vez hubo que agregar el componente del Covid-19, con el cual la curva de aprendizaje ha sido relativamente rápida.
Respecto al sector construcción, este se contrajo en 12,78%. Son dos los indicadores que ayudan a entender esto: la reducción del consumo interno de cemento (-4,53%) y el avance físico de obras públicas (-45,70%). Se logró observar esta recuperación debido básicamente a la reanudación de proyectos de construcción públicos y privados como parte de las medidas económicas dispuestas en la tercera fase de reactivación económica.
Sin embargo, el avance físico de obras estuvo muy afectado y esto se registró en los tres ámbitos del gobierno; en el Gobierno Local (-54,2%), Nacional (-40,7%) y Regional (-38,9%).
Según tipo de obras disminuyeron las de infraestructura vial (puentes y carreteras), edificios no residenciales, obras de servicios básicos (agua y desagüe), y obras de prevención de riesgo.
En el sector infraestructura se evidencia una vez más las dificultades de la obra pública tradicional y los múltiples criterios, contrarios a lo normado por el ejecutivo en este contexto de emergencia, de los gobiernos subnacionales para el tratamiento de los contratos de inversión pública. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) había aclarado cual sería el tratamiento de gastos generales, ampliación de plazo y demás conceptos impactados por esta fuerza mayor, sin embargo a nivel nacional muchas dificultades se han dado al poner en práctica la reactivación de las obras y se han evidenciado retrasos en el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del estado y eso ha perjudicado enormemente la cadena de pagos de los proveedores de los contratistas
Al revisar cómo funciona ese plan se entiende que está centrado en generar empleo poco calificado pero masivo, lo cual funcionará temporalmente para efectos de generar algún ingreso en la población más necesitada, pero esto no implicará desarrollar un proyecto que aspire a brindar algún servicio que mejore la calidad de vida futura de la población. Los más de 3,400 millones de soles que se pensó inyectar en él no generarán ninguna inversión que perdure en el tiempo.
Respecto a la Planificación: La planificación territorial y sectorial es prácticamente inexistente, por lo que la evaluación y priorización de inversiones no obedece a una lógica de desarrollo territorial y de articulación multisectorial. Por lo tanto, esta obedece a una cuantificación aislada de la rentabilidad de los proyectos.
Respecto a la formulación: Tenemos un exceso de planes, tanto a nivel nacional como regional. No existe coordinación eficiente entre sectores, estos no están alineados entre sí y por ende se evidencia la superposición de los planes de ejecución de inversiones y duplicidad de intervenciones, por ende, de costos. Todo esto debido a un exceso de unidades ejecutoras que se limitan a atender parcialmente a la población bajo su competencia, en vez de integrar recursos para lograr intervenciones de mayor alcance tanto en cobertura como en calidad. La consecuencia de esto es la atomización de proyectos, restando atractivo para la participación privada.
Finalmente, respecto a la ejecución: tenemos serias deficiencias en la ley de contrataciones pues se ha priorizado el proceso al resultado. El Estado sigue evidenciando falta de capacidades y no invita a incorporarse a trabajar, pues no es de interés de profesionales calificados.
El Covid-19 impactó sobre todo a las empresas privadas y esto ha generado que algunas empresas inmobiliarias decidan postergar sus proyectos. La fase de preventa ante la incertidumbre política y económica ha demorado más de lo normal pues los clientes están dudando sobre cuándo será el mejor momento para realizar esas inversiones.
De igual manera y debido a la incertidumbre sanitaria que hay en el país, agravada por la crisis económica, varias empresas e inversionistas tuvieron que posponer la compra de terrenos o iniciar proyectos.
Tal como se mencionó las empresas inmobiliarias deben darles fuerza a los proyectos ya iniciados para poder entregarlos cuanto antes y generar ingresos. La demanda irá incrementándose pues la brecha de vivienda sigue siendo alta, esperemos que se vaya generando confianza en los inversionistas a medida que las cosas se calman en el país.
Esto ha permitido reanudar los grandes proyectos de infraestructura, ejecutados mediante:
Modalidad de Asociaciones Pública Privadas (APP). Por ejemplo, en julio se reinició la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez con lo que se espera que la construcción de la nueva torre de control y la segunda pista de aterrizaje concluyan en 2020 y 2021 respectivamente. Además, continúan las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, que registraba un avance de 26% a mediados de octubre, según el MEF. Sin embargo, existen aún varios proyectos que siguen en la etapa de formulación y ya no serán iniciados este año. Esperemos que a más tardar el primer trimestre del 2021.
Modalidad de Acuerdo Inter Gubernamental: Por ejemplo, fases iniciales del Aeropuerto Internacional de Chinchero, mediante el convenio con Corea del Sur; Proyectos en cartera de salud, educación y prevención y limpieza de cauces de los ríos, a través del convenio con el Reino Unido; construcción e implementación de los hospitales de Lorena en Cusco y Bernales en Lima, a través del convenio con Francia. De igual forma ya se invitó a los países interesados en participar en el próximo acuerdo para la construcción de las líneas 3 y 4, así como la construcción de la carretera central.
Se ve un ligero dinamismo en la modalidad Obras por Impuestos por el lado de las empresas que usualmente han participado antes en esta modalidad. Todo depende del trabajo coordinado con las entidades públicas.
Respecto a la obra pública tradicional no hay proyectos de gran envergadura para este año, y con el proceso electoral en abril y el Gobierno central dedicándole esfuerzos a la lucha contra la pandemia y apaciguando el ambiente político, considero que después de julio veremos convocatorias.
También es fundamental observar de cerca como están trabajando las contrapartes peruanas de los PMOs extranjeros (ARCC, MTC y MINSA-Pronis). Recordemos que son varios los proyectos que están incluidos en los respectivos convenios de gobierno a gobierno celebrados con el Reino Unido, Corea del Sur y Francia. Solo con estos últimos tendríamos resueltas algunas obras emblemáticas en sectores tan críticos como salud, educación y transporte.
A mi entender este gobierno de transición debe concentrarse en 3 tareas fundamentales:
La primera es asegurar la transición democrática brindando todo lo necesario para que las elecciones se lleven a cabo de manera transparente en un proceso limpio y justo.
Segundo, brindar todo el soporte al sector salud para mitigar los riesgos de la pandemia aún presente en el país; apostar por la planificación estratégica para el futuro de la salud y realizar las gestiones necesarias para que la vacuna y su aplicación se realice sin demora una vez desarrollada.
Y tercero, dictar las medidas de política económica para que se continúe la reactivación económica y se recuperen los niveles de productividad de los distintos sectores económicos del país. Finalmente asegurar que haya calma y no seguir el enfrentamiento entre la clase política que ya lleva casi cinco años y que afecta al país.
Lamento decir que poco, seguimos enfrentando dificultades en las distintas etapas de la inversión pública, los resultados de ejecución siguen siendo bajos y en términos generales no existe adecuada capacidad técnica en las regiones para ejecutar proyectos complejos. Lo mencionamos al inicio de esta conversación, ya el 2019 venia complicado y encima nos golpea la pandemia. Si bien hay notables ejemplos de solidaridad empresarial, construir hospitales no es el rol de la empresa privada.
Por sus esencia y definición, este tipo de convenios han sido diseñados para mitigar riesgos de ejecución en países sensibles al tema de corrupción. Se involucra la participación comprometida y garantizando seriedad de gobiernos extranjeros de primer nivel, pero sobre todo incorpora en la gestión a agencias expertas en seleccionar a empresas con alto conocimiento y capacidad para ejecutar obras complejas. Acá no gana la más barata, gana la mejor y durante mucho tiempo el costo social de no ejecutar las obras a tiempo o tenerlas paralizadas en interminables batallas legales ha sido muy alto, perjudicando al ciudadano por no tener el alcance de servicios básicos.
Fuente: Revista PERÚ CONSTRUYE (Número 68, diciembre 2020)